El gobierno de Estados Unidos decidió castigar a la banda regional mexicana Los Alegres del Barranco, después de que los artistas cantaron dos de sus narcocorridos el fin de semana durante su concierto en Guadalajara dedicados a Joaquín "El Chapo" Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

La banda vio revocadas sus visas de trabajo y turismo en Estados Unidos después de que su presentación en Guadalajara se volvió viral. Durante su concierto del 29 de marzo en el Auditorio Telmex, el grupo proyectó imágenes de los conocidos capos del narcotráfico al líder del Cártel de Sinaloa y al del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Además, hay una investigación abierta en su contra, e incluso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó sus acciones.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tomó medidas rápidas, cancelando las visas de los miembros de la banda Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López, informó el diario español El País . Esta decisión subraya la postura del gobierno de Estados Unidos contra individuos o grupos percibidos como promotores de organizaciones designadas como entidades terroristas.

El concierto que les pudo haber cambiado la vida

Durante el concierto, parte del evento "Los Señores del Corrido", Los Alegres del Barranco interpretaron 'El del Palenque', una canción con letra que hace referencia al CJNG y a su líder, El Mencho. Durante la presentación, se proyectaron imágenes de El Mencho en pantallas gigantes, lo que provocó vítores del público, pero también una condena generalizada en internet y por parte de las autoridades.

Más tarde, tocaron una canción celebrando a El Chapo, mientras su primera foto policial apareció en la pantalla grande detrás de ellos.

Las consecuencias han sido rápidas y variadas. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha iniciado una investigación contra la banda por posible "apología del delito", un cargo que puede conllevar penas de uno a seis meses de prisión, según el Artículo 142 del Código Penal de Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) citará a declarar a los integrantes de la banda Los Alegres del Barranco y a su productor.

En respuesta a la controversia, el Auditorio Telmex y su institución afiliada, la Universidad de Guadalajara (UdeG), se distanciaron públicamente del contenido exhibido durante el concierto. La administración del auditorio enfatizó que opera como un espacio de alquiler y no controla el repertorio ni los materiales visuales que los artistas presentan. Sin embargo, anunciaron planes para revisar los contratos e incluir cláusulas que prohíban cualquier acto que pueda interpretarse como enaltecimiento de actividades delictivas.

El incidente ha reavivado el debate sobre los narcocorridos —canciones que narran las hazañas del narcotráfico— y su lugar en la cultura mexicana. Mientras algunos defienden estas canciones como expresiones culturales que reflejan la compleja realidad del país, otros argumentan que contribuyen a la normalización de la violencia y la criminalidad. Estados como Nayarit, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo han promulgado medidas para restringir o sancionar la presentación pública de narcocorridos, aunque Jalisco no ha implementado dichas regulaciones.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos toma medidas contra artistas vinculados a la promoción de la cultura de los cárteles. En 2017, el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez enfrentaron sanciones por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico, lo que resultó en la congelación de sus activos en Estados Unidos y la revocación de sus visas.

La revocación de las visas de Los Alegres del Barranco sirve como un duro recordatorio de las consecuencias internacionales que pueden enfrentar los artistas cuando su trabajo se percibe como un respaldo o enaltecimiento de entidades criminales. Mientras la banda lidia con las consecuencias legales y profesionales de sus acciones, el incidente subraya la tensión constante entre la expresión cultural y la responsabilidad de evitar promover figuras asociadas con la violencia y el crimen.